Santo Domingo. RD
El pacto fiscal establecido por el artículo 36 de Ley 1-12 de 2012 ordenó realizar una reforma de los ingresos y egresos fiscales para financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad macroeconómica de República Dominicana y, en particular, disminuir la evasión tributaria y aumentar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, en un plazo no mayor de tres años.
Sin embargo, a casi nueve años, el mandato legal no se ha cumplido y, más aún, está siendo sometido a fuertes presiones para que se lleve a cabo lo más pronto posible, a pesar de las incertidumbres causadas tanto por la depresión económico-financiera como la crisis socio-sanitaria de la pandemia Covid-19, a nivel mundial y nacional.
Y, en un escenario de carencia de condiciones propicias locales de concertación viable entre las principales fuerzas políticas y agrupaciones populares.
“Lamentablemente se plantea la necesidad de un pacto fiscal sin contar con los diagnósticos imprescindibles sobre la situación actual y tendencia futura de la evolución de las más importantes variables macro-económicas y mega-sociales, tanto a nivel del mundo como de nuestro país”, afirmó Vargas a Listín Diario.
Sostuvo que se está hablando de la necesidad de un pacto fiscal sin evaluar la Estrategia Nacional de Desarrollo elaborada sobre la matriz fracasada de la corriente neoliberal y sin redefinir nuevas metas, a raíz de la pandemia en marcha del coronavirus.
Todavía más, se reitera el llamado inminente a un pacto sin precisar propósitos concretos y modos específicos de participación estatal y gubernamental, empresarial y corporativa y popular e institucional.
El profesional de la economía, Vargas, expone varios puntos a tomar en cuenta:
Por ejemplo, dijo, primero, no se puntualiza que ante la pobreza y desocupación crecientes de la población no hay otra vía de superación de esta crisis social que no sea una radical redistribución del ingreso y patrimonio nacionales en favor de los trabajadores cuentapropistas y asalariados.
Segundo, no se reconoce que ante la expansiva quiebra y bancarrota de innumerables micro y pequeñas empresas rurales y urbanas no hay otra salida que no sea la transferencia masiva de fondos estales a los fondos de consumo familiar y de sobrevivencia productiva y. todavía más, la reestructuración de productiva economía social.
Tercero, no se acepta que los cuantiosos excedentes extraídos por negocios monopólicos y oligopólicos y diferentes capas muy ricas de familias agrarias, industriales, comerciales y bancarias a las diversas clases trabajadoras nativas y domiciliadas en el extranjero, mediante resta de las remuneraciones laborales reales, abusivas cargas en intereses por deudas, descomunales cobranzas de comisiones, elevados márgenes de comercialización y discriminatorios cobros de impuestos y tasas, no hacen más que agravar la crisis y bloquear una solución; sobre todo por el proceso de endeudamiento galopante del Estado en beneficio en gran medida de una élite empresarial.
En cuarto lugar, Varga afirmó que no se admite, lamentablemente, el fracaso las sucesivas reformas tributarias, por lo menos aplicadas desde 1992; pese a parches legales y jurídicos como la autorización de incontables gastos tributarios o el desacierto de 4% del PBI al servicio de educación, sin determinar real y efectivamente los montos de los recaudos impositivos frente a los gastos ineludibles, tal y como se puede comprobar en estos instantes de privilegio de tal obligación presupuestaria del gasto en educación y no en salud pública.
Y, en quinto lugar tampoco se toma conciencia de que los cambios ocurridos en el país y el resto del mundo determinan la formulación y aplicación de políticas estatales concentradas en industrialización, agriculturización, salubridad, educación, vivienda, mercado interior y exterior, seguridad pública y reconstrucción de una república democrática basada en una propia identidad cultural.
Finalmente, señaló, hay que considerar para que un pacto funcione adecuadamente prohibir el uso de la “puerta giratoria”, tales como el salto de funcionarios de la administración estatal a empleados de empresas privadas; rechazar la participación de entidades y personas extranjeras en las instancias de discusión y concertación, tal y como ha ocurrido en reformas tributarias anteriores.
Además, exigir a los representantes que sus intervenciones sobre puntos básicos sean sustentados por escrito tanto en comentarios como en datos y, por supuesto, un equilibrio en número de los sectores estatal, empresarial y social, de conformidad a los criterios de género, territorio y grupo representado para impedir los acostumbrados vicios observados en el pacto eléctrico.
Fuente: www.listindiario.com
