El ultimátum de la WADA, que podría sancionar al movimiento olímpico dominicano en cuestión de semanas, ha puesto patas arriba a las autoridades oficiales. Desde el Ministerio de Deportes aseguran mover cielo y tierra, contra reloj, para evitar un castigo sin precedente para directivos, federaciones y, sobre todo, atletas quisqueyanos.
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA en inglés) dio como fecha límite el cuatro de agosto para que el país complete una agenda de 15 puntos en su compromiso de la lucha contra las drogas vetadas, como lo establece el Código Mundial, del que la República Dominicana es signataria.
El abogado Neftalí Santana, a quien Deportes designó como enlace con la WADA, dijo a DL que se han acelerado los trabajos, tanto en lo que compete a la dependencia pública como a la agilización en el Congreso para que se hagan las modificaciones legales que exige el órgano que combate en el planeta la lucha contra el dopaje en el deporte.
Santana informó que la semana pasada la dirección de Recursos Humanos de Miderec nombró la secretaria para la Agencia Nacional Antidopaje (NADO en inglés) y para esta se puede definir la sede donde operará la institución vinculante con la WADA en el país. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este son las opciones que se evalúan. Pero ya está contratado hasta el mobiliario y se depura el perfil del personal administrativo.
La asignación de recursos para la puesta en operación de este órgano puede evitar el cataclismo que advierten desde Montreal, Canadá, sede de la WADA.
«Ya el ministro (de Deportes, Francisco Camacho) y yo llegamos a un acuerdo para identificar de dónde vamos a sacar una partida, un dinero que se dispuso para, precisamente, cumplir con el programa antidopaje. Dentro del presupuesto del COD hay fondos que se pueden utilizar para eso sin problema», dijo Santana a DL.
Santana, un dirigente deportivo con más de 40 años vinculado al movimientos, se mostró optimista en que los atletas dominicanos no sufrirán inconvenientes en su proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París, como tampoco en su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en octubre.
«Estamos dando respuesta, en la parte legislativa, es de conocimiento de la WADA y la NADO que depositamos el texto legal. En el presupuesto de la actualidad hay partidas para seguir fortaleciendo», dijo Santana, que mostró copia del pago más reciente que hizo Deportes al organismo internacional como cuota anual, unos US$12,927.
Santana aclaró que la culpa de la alerta levantada por la WADA por el incumplimiento de 15 puntos no es exclusiva ni de Deportes.
Explicó que fue en abril pasado cuando la NADO depositó el presupuesto a Deportes, la punta del Iceberg del problema, y no en 2022 cuando se diseñaba antes de que el Congreso lo aprobara. Esto creó un rompecabezas legal, puesto que ya en presupuesto estaba definido.
Además, indicó que, si bien el Estado dominicano es signatario del Código Mundial Antidopaje, el Poder Ejecutivo no puede imponerle la agenda al Congreso, si bien tanto los diputados como senadores han respondido a las peticiones que se han hecho para hacer los ajustes según lo pedido por la WADA.
Pedido
La WADA pide hacer plan de distribución de controles (TDP en inglés), análisis de riesgo (AR) revisado por la agencia internacional; cumplir con los documentos técnicos de análisis específicos (TDSSA) y la contratación de una unidad de gestión de resultados adversos (APMU).
El cuestionario incumplido también incluye la creación de grupos de riesgo de control y envío de las muestras a tiempo a los laboratorios.
Asimismo, exige la implementación de un sistema de notificación, otro para revisar los resultados atípicos (ATF), garantía de que impongan suspensiones provisionales, subir el sistema de administración de manejo de resultados (ADAMS) y perseguir las infracciones en los plazos del Código.
Otras de los requisitos que no se han cumplido es la de los fondos para poder apelar a las decisiones del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) y que los miembros de la ADA firmen una carta de que no haya conflicto de interés.
